La Fiscalía debe servir a la ciudadanía y no a los fiscales
Las Asociaciones de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio Público firmantes de este documento, manifestamos nuestro rechazo a la propuesta que la Asociación Nacional de Fiscales ingresó a la Convención Constitucional, por las razones que expresamos a continuación:
- La propuesta ingresada es derechamente una demanda gremial que busca mejorar la condición laboral de los Fiscales del Ministerio Público generando nuevos cargos, desplazando su carga de trabajo a otros estamentos y desligándose de la atención de las víctimas.
- El documento no expresa elementos objetivos que permitan mejorar la persecución penal, la protección a las víctimas y testigos, ni se hace cargo de la sentida demanda de la ciudadanía respecto de mayor prolijidad, oportunidad y resultado de las investigaciones penales. Más grave aún, la redacción del articulado, deja a las víctimas en un segundo plano, procurando que ésta tenga un mínimo de intervención en el proceso penal.
- En el ámbito de la elección de las altas autoridades de la institución, impone una barrera a otros profesionales abogados -dentro y fuera del Ministerio Público- para que puedan postular al cargo de Fiscal Nacional o Fiscal Regional pues formula un sistema de nombramiento, con carácter interno y requisitos, que no garantiza la transparencia del concurso público, ni otorga la objetividad e independencia en la selección del candidato más idóneo, cuestión que acentúa los vicios del sistema de selección.
- La propuesta señala también que, los profesionales Abogados Asistentes del Ministerio Público, se conviertan en Fiscales Asistentes, trasladando la responsabilidad de los fiscales titulares a éstos profesionales, quienes NO serán los encargados de la dirección de la investigación, ni tampoco de las decisiones jurídicas en las causas. Esto busca afianzar una antigua demanda del gremio persecutor, que pretende trasladar su carga laboral a otros estamentos; desligándose de sus obligaciones con las víctimas y generando una mayor burocracia en la atención de los usuarios. Además, constituye una grave vulneración de derechos laborales de los profesionales que deberán asumir las obligaciones y carga laboral de los fiscales.
- Por otro lado, es relevante establecer controles que garanticen que la labor realizada por los fiscales se ajuste a los requerimientos exigidos por la ciudadanía. La propuesta no establece tales controles, los que son necesarios y requeridos, por la naturaleza y responsabilidad del cargo público que ejercen.
- En definitiva esta propuesta carece de un sentido republicano, pues no está orientada a resolver las demandas que la sociedad civil planteó
-claramente- en el proceso social que determinó la redacción de una nueva Constitución Política, además, carece de valores como la participación ciudadana, la gobernanza, la probidad, la trasparencia y los Derechos Humanos.
- Por lo expuesto, llamamos a la ciudadanía y a los integrantes de la Convención Constitucional a rechazar la propuesta señalada, en todas sus partes, para construir junto a la sociedad civil y los trabajadores del Ministerio Público -en su conjunto- el sistema de justicia que Chile requiere.